Consejo del Guayas ordena rescindir contratos con Conorte y Concegua por incumplimientos
La decisión unánime de las autoridades provinciales busca poner fin a las concesiones viales tras multas millonarias y obras no ejecutadas en la provincia.
El Consejo Provincial del Guayas decidió el 28 de septiembre iniciar acciones legales para terminar unilateralmente los contratos de concesión firmados con las empresas Conorte y Concegua. La resolución fue aprobada por unanimidad durante la sesión provincial, donde participaron 30 alcaldes y delegados de juntas parroquiales presentes en la reunión.
La propuesta, presentada por el delegado del Municipio de Guayaquil, Luis Almeida, se fundamenta en la evaluación negativa de la gestión de las concesionarias. Almeida señaló que los resultados han sido nefastos para la provincia, argumentando que las vías públicas han recibido un mantenimiento insuficiente a pesar de estar pagadas con recursos ciudadanos, y contrastó esta situación con el éxito de las concesiones locales de Guayaquil, que han generado ganancias superiores a 300 millones de dólares.
La administración provincial ha impuesto nueve multas totales por 29,1 millones de dólares a ambas compañías debido al incumplimiento de disposiciones contractuales, falta de mantenimiento vial y entrega de información incompleta. En el caso de Conorte, se destacan sanciones por la no ejecución de obras en los tramos Isidro Ayora-Pedro Carbo y Guayaquil-El Empalme. Por su parte, Concegua enfrenta multas por retrasos de 630 días en la vía Durán-El Triunfo-Bucay y por no cumplir con obras de canalización y infraestructura vial pactadas.
Frente a esta medida, la defensa legal de las concesionarias, encabezada por Joffre Campaña, anunció que no pagarán las multas y que ya interpusieron acciones de protección para evitar el pago de sanciones. Además, anunciaron la iniciación inmediata de arbitrajes contractuales para exigir el cumplimiento del contrato hasta su término y el pago de indemnizaciones, mientras buscan cobrar al Gobierno Provincial más de 100 millones de dólares en deudas por IVA y subsidios del peaje desde 2017.
