Corte de Justicia del Guayas pide emergencia judicial por habeas corpus de Junior Roldán
Fabiola Gallardo denunció el abuso de recursos legales y la negativa de la autoridad carcelaria a trasladar al cabecilla de Los Choneros, mientras persiste la amenaza de seguridad.
La presidenta de la Corte de Justicia del Guayas, Fabiola Gallardo, exigió la declaración de emergencia en el sistema judicial tras la decisión del juez de Garantías Penitenciarias, Pedro Moreira, de conceder parcialmente un habeas corpus a Junior Roldán, alias 'JR'. La medida ordenó el traslado del cabecilla de Los Choneros a un hospital público para recibir tratamiento médico, una resolución que la máxima autoridad de la Corte calificó como un evidente abuso del derecho y una fuente de impunidad.
Gallardo argumentó que Roldán presentó tres acciones con idéntico contenido, desistiendo de las dos primeras y utilizando la tercera a su conveniencia. Ante esta situación, la titular de la Corte anunció la presentación de una reforma a la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales para exigir investigaciones científicas rápidas y multidisciplinarias que verifiquen el estado real de salud del recluso, quien padece hipertensión, diabetes y cirrosis hepática.
A pesar de la orden judicial, se conoce que Junior Roldán permanece en la cárcel Regional porque teme por su vida al negarse a ser trasladado al Hospital Abel Gilbert Pontón. La autoridad carcelaria (SNAI) aún no se ha pronunciado sobre la resolución, aunque cuenta con tres días para apelar la decisión junto con el propio recluso, quien acumula 22 años de prisión por homicidios y es considerado una amenaza de seguridad en las 37 cárceles del país.
La tensión judicial coincidió con un operativo policial que detectó cinco cajas con explosivos cerca de la Unidad Judicial Norte 2, en el norte de Guayaquil, lo que derivó en seis detenciones por intento de atentado. Esta situación se produce en un contexto de alta conflictividad entre bandas como Los Choneros y Los Tiguerones, conflictos que ya habían obligado al Gobierno a declarar emergencias carcelarias previas.
